15 de julio de 2009
El ejercicio de la prostitución en este país, no es un delito. Sin embargo, quienes la ejercen no tienen, paradójicamente, reconocidos sus derechos.
Más aún, las personas que captan su clientela en la calle, y que son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, están siendo hostigadas, acosadas y perseguidas por planes y ordenanzas especiales de ayuntamientos de diversas ciudades como Madrid, Barcelona…y más recientemente Granada.
Ahora vemos como el Ayuntamiento de el Puerto de Santa María copia y quiere llevar a cabo este conjunto de medidas represoras que sancionan y criminalizan el ejercicio de la prostitución.
A la vista de las futuras sanciones municipales, la Asociación Pro Derechos Humanos no puede más que mostrar su repulsa ante la posición de quienes, promoviendo una serie de medidas que se autocalifican de sociales, acuerdan negar el derecho de las personas que ejercen la prostitución.
Entendemos que ocultar esta realidad, no significa solucionar los posibles conflictos de intereses que de ella devienen, sino más bien lo contrario. Y esto no lo decimos tan sólo nosotros, la penalización del ejercicio de la prostitución en la calle ha arrojado un balance histórico lamentable, pues en vez de erradicar el fenómeno lo oculta provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, empeoramiento de las condiciones de trabajo y salud de las prostitutas, la precariedad en la negociación con los clientes, y la imposición de mayores obstáculos para denunciar situaciones de violencia y abuso.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía mostramos nuestra total reprobación ante la actitud de este Ayuntamiento. No podemos olvidar que una de las funciones del mismo es proteger a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Ante el conflicto de derechos e intereses, la balanza parece ser bastante clara, posicionándose a favor del ciudadano frente a la prostituta, como si estuviésemos hablando de entidades diferentes, como si se diera por hecho que la ciudadanía viene condicionada a la actividad que se ejerce.
Las mujeres que ejercen la prostitución son las primeras que aspiran a poder trabajar en la calle en mejores condiciones, de forma digna, en zonas tranquilas y seguras donde nadie las moleste y no molesten a nadie. Pero su voz y sus intereses, parece, no tienen cabida en estas negociaciones.
Instamos al gobierno local y poderes públicos a encontrar una respuesta que no incida aún más en la exclusión social y vulnerabilidad de este colectivo, que considere los intereses y derechos de todas las partes implicadas, que apueste por una negociación en igualdad de condiciones en la que se escuche no sólo a empresarios y vecinos, sino también a las prostitutas, a que reflexione ante este tipo de hechos y tomen responsabilidades a la hora de garantizar los derechos básicos de este colectivo. La convivencia es el resultado de un acuerdo negociado en pie de igualdad, no de una imposición.
Cádiz, a 15 de Julio del 2009
MANIFIESTO SOBRE EL PROCESO DE CREACIÓN DEL MECANISMO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNPT) EN EL ESTADO ESPAÑOL
22/07/2009
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, compuesta por 45 asociaciones del Estado español dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, nació en 2004 para luchar por la prevención de la Tortura y los malos tratos. La Coordinadora, como parte de la sociedad civil, trabaja en ella y desde ella, haciéndose portavoz de sus denuncias y propuestas en lo relativo a la cuestión de la Tortura en el Estado español. Porque la Tortura subsiste en nuestro Estado, como prueban tanto los informes anuales de la propia Coordinadora y otras ONGs, como los de los distintos Relatores de la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura o el Comité Contra la Tortur (CAT), y como las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo de DDHH. Puesto que la prevención y erradicación de la tortura es una responsabilidad del Estado, le exigimos que actúe responsablemente, cumpliendo así con el mandato constitucional y con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el propio Estado, especialmente la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo.
Respecto al Protocolo Facultativo (PF), queremos recordar que este 22 de julio se termina la prórroga que el Estado español solicitó a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) que debe aplicarlo. Pese a ello, no sólo no se ha desarrollado la legislación correspondiente, sino que lo único que se sabe tras la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno Mª Tª Fernández de la Vega ante la Comisión Constitucional del Parlamento el pasado 16 de junio es que: “ese mecanismo que nos hemos comprometido a poner en marcha se integre en la institución del Defensor del Pueblo, ya que esta institución tiene legalmente atribuidas las funciones que prevé para este nuevo mecanismo nacional, el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura. Les adelanto que el mecanismo contará con un consejo asesor en el que estará representada la sociedad civil”. Una decisión que se toma en contra de los criterios expresados por varios representantes de la sociedad civil, entre ellos nuestra Coordinadora, que exigimos la creación de un MNPT que sea un órgano de nueva creación, independiente de todos los poderes del Estado y con capacidad para fiscalizar la actuación de cualquier institución de custodia y/o tutela judicial (requisitos que la Defensoría del pueblo no cumple).
Es más, la forma y fondo del MNPT ha sido discutida entre miembros de la Administración, personalidades académicas y representantes de la sociedad civil a través de un grupo de contacto que lleva sin reunirse desde diciembre de 2007 y en el que las propuestas de la sociedad civil han sido sistemáticamente ignoradas, cuando no manipuladas, por la Administración. Así, por ejemplo, desde nuestra Coordinadora hemos solicitado varias veces reabrir esta negociación para acordar las líneas básicas del futuro MNPT, a lo que se nos ha contestado desde el Mº de Justicia diciendo que el proceso de consultas se reabrirá “una vez elaborado” el proyecto de ley, escatimando así la negociación real e imponiendo su voluntad de forma unilateral. Es decir que el retraso y la imposición son los mimbres con los que se está elaborando el MNPT.
Además, a nivel internacional, tanto el PF como la Convención basan su trabajo en organismos para la prevención y erradicación de la tortura en los que corresponde a los Estados signatarios designar sus miembros. Próximamente, el Estado español debe renovar 3 miembros en varios organismos: en el Subcomité del a ONU, debe sustituir a D. Leopoldo Torres, quien dimitió a medio mandato el 18-2-2009, tras haber sido designado en contra de la opinión de esta Coordinadora; debe proponer otro para el Comité de la ONU, al finalizar el mandato de D. Fernando Mariño; y un tercero para el Comité Europeo, en sustitución de D. Emilio Ginés, cuyo mandato termina el 12-12-2009.
Los miembros de estos Organismos deben ser personas expertas, reconocidas por su competencia en la materia, poseedores de una reconocida integridad moral, independencia e imparcialidad en el desempeño de su función. Obviamente, de la calidad de sus miembros dependen tanto el prestigio y autoridad del organismo, como su eficacia. Ahora bien, la calidad de los integrantes solo se garantiza con un adecuado proceso de selección, presidido por principios, elementales en una sociedad democrática, de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y acreditación de los criterios antes mencionados. Un proceso que excluya el secreto y la ocultación y que no se base en criterios de selección que respondan a finalidades partidistas, recompensa de favores, prebendas, nepotismos, etc. Pese a ello, la experiencia de esta Coordinadora sobre como se ha negociado el MNPT nos hace ser pesimistas sobre los criterios de selección de los nuevos candidatos.
Por ello la Coordinadora, junto con otros organizaciones, se ha dirigido a los Departamentos competentes del Gobierno central (Vicepresidencia y MAE), recordándoles y exigiéndoles la puesta en marcha de los procesos selectivos en base a los siguientes criterios:
1º. Convocatorias públicas de candidaturas: abiertas en condiciones de igualdad y haciendo hincapié en la paridad entre hombres y mujeres.
2º. Consultas sobre la idoneidad de los candidatos: no solamente con organismos y entidades públicas, sino también con Asociaciones y ONG que desempeñen un papel activo y contrastado en la lucha contra la tortura.
3º. Entrevistas de un grupo de expertos con los candidatos “preseleccionados”, a fin de evaluar la cualificación de éstos, así como su motivación, disponibilidad y aptitudes lingüísticas.
4º. Utilización de un formulario normalizado de currículo vital, destinado a proporcionar la información pertinente sobre los candidatos tanto a las autoridades nacionales, como a las internacionales encargadas de cerrar el proceso de selección.
La Coordinadora se ha preocupado repetidamente de estos procesos de selección y de las garantías que deben acompañarlos, por eso ha preguntado, por escrito, recibiendo silencios y respuestas evasivas que se remiten a una futura legislación aún no elaborada, como contestación. También hemos sabido que el Gobierno ha tenido conversaciones con algunas posibles candidatos de forma “confidencial” y/o “informal”. Ante tal oscurantismo hemos solicitado formalmente al Gobierno que informe acerca de la totalidad del procedimiento de selección de candidatos que España ha de proponer para los Comités y Subcomité antes referidos; y que lo haga públicamente, precisando previsiones, lugar de publicación y comparecencia y plazos, respetando los principios de procedimiento y criterios de selección exigidos.
Ante todo lo descrito, la Coordinadora concluye con una valoración nítidamente crítica a la labor del Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades respecto a estos asuntos. Denunciamos por ello un estrategia que combina la dilación y la imposición a partes iguales: El retraso en los procesos nos hace temer que el Gobierno está dispuesto a una designación “de urgencia”, tanto de la Defensoría del Pueblo como MNPT como de los candidatos a los distintos organismos internacionales, sin el procedimiento debido, lo que serían unos actos de unilateralidad y autoritarismo inaceptables. La sociedad civil y, en concreto, las Asociaciones de DD.HH. y ONG tenemos derecho a proponer las formas de los procesos y a participar de ellos. Las informalidades hasta ahora constatadas nos hacen sospechar que el Gobierno está poniendo en práctica un simulacro de apertura a la sociedad civil o una “apertura selectiva”; lo que sería un modo cínico de hacer política, indeseable y perjudicial para los fines pretendidos. La ausencia de publicidad y garantías en estos procesos, nos obliga a denunciar importantes y trascendentales responsabilidades del Gobierno, que ponen en peligro la consecución de los difíciles y exigentes objetivos del MNPT así como de los Comités y Subcomités internacionales, todo ello en detrimento de la eficaz prevención y erradicación de la Tortura, objetivo último de todos estos procesos. Todo esto desacredita la política de Derechos Humanos del Gobierno y confirma la práctica de la tortura y tratos inhumanos en nuestro Estado, certificando su impunidad.
En definitiva, la corrupción de los procesos conlleva la corrupción de los resultados, impidiendo la prevención y erradicación de la tortura, pese a que ese debería ser el objetivo del Gobierno, igual que es el nuestro.
Madrid, 22 de julio de 2009
COMUNICADO DE APDHA-GRANADA Y DE LA ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO SOBRE LA CONVIVENCIA EN LA CHANA
29/07/2009
Frente a las declaraciones que han aparecido en prensa el día 28 de julio de 2009, sobre los denominados "problemas de convivencia en La Chana", la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Gitana Anaquerando, que trabajan con población Rom (gitanos de Europa del Este) desde hace años en Granada, queremos manifestar lo siguiente:
1. Valoramos enormemente la apertura que los vecinos del barrio de la Chana han mostrado desde hace años acogiendo a personas de diferentes orígenes, incluidas a las nacidas en Rumanía.
2. Conocemos en profundidad la difícil situación de las personas Rom en nuestro país: la actual coyuntura económica unida a otros factores hacen que encontrar trabajo y vivienda sea verdaderamente duro, al igual que para muchas otras personas españolas y de otros orígenes.
3. Condenamos los presuntos casos de malos tratos, menores sin escolarizar o que se deposite basura fuera de los contenedores. Se trata de delitos tipificados en la ley y son sancionables independientemente del origen de la persona que los esté cometiendo.
4. Apoyamos las medidas de intervención con las personas Rom y el resto de la población de la Chana que tengan como objetivo la convivencia y avancen hacia el entendimiento y el diálogo en el barrio.
5. Defendemos el derecho de las personas de cualquier origen a disfrutar de las plazas y parques de la ciudad, así como su derecho a que no se viole su intimidad haciendo públicos datos que son intrínsecamente privados tales como su domicilio o el número de personas censados en el mismo. También su derecho a elegir libremente el barrio en el que viven.
6. Solicitamos responsabilidad a los partidos políticos a la hora de tratar la cuestión de las personas Rom en la Chana. Esta minoría étnica se encuentran en una situación de vulnerabilidad social que la hace especialmente sensible a los estereotipos que poco contribuyen a la convivencia. Hacer mención a “pisos patera”, “situaciones insostenibles” o futuras “batallas campales” sólo logran crear conflicto y, además, no se ajustan a la realidad.
7. Solicitamos a todas las administraciones públicas medidas integrales y coordinadas que promuevan la convivencia entre las personas independientemente de su origen y que se basen en el diálogo y en el consenso. Es necesario dotar de los recursos necesarios a los organismos encargados de trabajar con este objetivo y coordinar las diferentes medidas y planes que se estén poniendo en práctica.
8. Esperamos que el pleno que tendrá lugar en los próximos días sea ejemplo de diálogo constructivo en el que se trabaje por la convivencia de todos los vecinos en el barrio de la Chana.
Granada, 29 de julio de 2009
LA APDHA-CÓRDOBA DENUNCIA EL AUMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO DE VIVIENDAS DE CARÁCTER SOCIAL EN CÓRDOBA
06/08/2009
En toda etapa de crisis económica son los sectores sociales que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión los que sufren con especial rigor las consecuencias negativas de la misma. Son momentos donde las administraciones competentes deben hacer una apuesta política más decidida para asegurar el acceso a los bienes básicos indispensables (empleo, sanidad, educación, vivienda…) a aquellos colectivos de la ciudadanía que se encuentran en una coyuntura de mayor fragilidad social por la desigualdad de base de la que parten.
En el marco descrito, la APDHA considera profundamente rechazable la gestión del parque público de vivienda social que está llevando en los últimos tiempos la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en los barrios de nuestra ciudad con problemas de exclusión social, por marcar una orientación totalmente opuesta a una política social que en un contexto de crisis debe primar a los/as ciudadanos/as más desprotegidos/as.
En concreto, desde el año 2008 se han incoado múltiples procedimientos de desahucio de viviendas sociales de titularidad de la Junta de Andalucía de zonas como Moreras, Palmeras y Guadalquivir. Esta situación nos parece extremadamente grave, ya que puede conllevar a que un número considerable de familias cordobesas (con niños de corta edad, personas mayores o enfermas a su cargo) sin recursos para acceder a una vivienda libre se vean próximamente en situación de calle si se llevan a término todos los desahucios iniciados. Los hechos alegados por EPSA para justificar estos expedientes se basan en irregularidades que podían haber sido subsanadas previamente si las Administraciones competentes hubiesen tomado en su tiempo las medidas adecuadas encaminadas a su solución. Tras años de desidia y abandono, se eligen precisamente estos momentos de especiales dificultades económicas y sociales generalizadas para afrontar mediante medios expeditivos (desahucios) realidades de las que se han desentendido reiteradamente en el pasado.
La propia Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio reconoce, a instancias de una solicitud de la APDHA requiriendo información sobre esta materia, que a fecha de abril del presente año existían 75 expedientes de desahucio administrativo de vivienda social tramitados por EPSA en Córdoba. Igualmente reconocía la inexistencia de un baremo reglado en los procedimientos de adjudicación de vivienda social, que el número de este tipo de viviendas en la capital cordobesa ascienden a 3.094 (831 en el Barrio del Guadalquivir, 561 en el barrio de Palmeras, 1642 en Moreras, 23 en Siete Revueltas, 10 en Veredón de los Frailes y 27 en la Corredera) y que a día de hoy no existe previsión de aumentar el número de viviendas sociales a corto o medio plazo.
A través de la asesoría jurídica que presta la APDHA en las zonas necesitadas de transformación social de Córdoba (ZNTS), se han podido recabar algunos datos muy reveladores que confirman lo preocupante de la situación:
- A fecha de 31 de julio, de los expedientes de asesoría jurídica abiertos desde enero de 2009 en la delegación de Córdoba de la APDHA, el 50% versaban sobre vivienda social.
- De los 40 asuntos de vivienda social a los que se le está realizando seguimiento, 18 se referían a procedimientos de desahucio iniciados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de EPSA y otros 8 a solicitudes de vivienda social sin resolver vinculadas a situaciones de hacinamiento.
Por lo expuesto, la APDHA denuncia que privar a 75 familias (número que con toda seguridad aumentará de seguir con la línea administrativa actual, puesto que existen otras muchas familias en las mismas circunstancias que aquéllas que tienen ya en trámite el procedimiento de desahucio) en situación o en riesgo de exclusión de la única vía que a día hoy tienen para cubrir una necesidad tan básica como la de vivienda no es precisamente un ejemplo de política social avanzada para momentos de crisis tan profundos como los que vivimos. Si se acaban ejecutando esos desahucios se van a producir unas dramáticas consecuencias humanas y sociales que van a afectar en primera persona a las familias afectadas, pero que evidentemente también van a tener unos efectos muy negativos en el conjunto de zonas necesitadas de transformación social de nuestra ciudad.
Ante esta situación, desde la APDHA exigimos:
- La inmediata paralización de los procedimientos de desahucio incoados hasta que se le ofrezca una solución estable a los/as ciudadanos/as afectados/as para cubrir sus necesidades básicas de vivienda.
- Dotar de una mayor claridad, transparencia y publicidad a los criterios y requisitos de acceso a las viviendas sociales de titularidad de la Junta de Andalucía.
- Impulsar la construcción de nuevas viviendas sociales desde las administraciones autonómica y local; la promoción de este tipo de vivienda se encuentra totalmente paralizada desde hace ya demasiados años. La planificación de la situación de estas futuras viviendas debería tender a evitar la concentración en los barrios de Córdoba necesitados de transformación social, como actualmente sucede, a fin de no crear guetos.
- Una mayor coordinación entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, EPSA y los Servicios Sociales Comunitarios a la hora de detectar y atender de una forma adecuada a aquellas familias en riesgo o situación de exclusión con necesidades perentorias de vivienda.
Córdoba, 6 de agosto de 2009
LA APDHA PIDE A UGT QUE RECTIFIQUE LAS INFORMACIONES REFLEJADAS EN PRENSA SOBRE LA PETICIÓN DE NO CONTRATAR A INMIGRANTES PARA LA ACEITUNA
24/08/2009
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ante la información difundida el pasado viernes por diversos medios de comunicación referente a unas declaraciones del Secretario del Sector Agroalimentario de UGT de Sevilla, Emilio Terrón, con el título “UGT pide que no se contrate a inmigrantes para la aceituna”, cree un deber ético dirigirse a la opinión pública andaluza para rechazar enérgicamente la posición de esa central sindical que refleja la prensa y que supone un nivel de xenofobia y discriminación que la sitúa en la misma posición que la extrema derecha europea.
Emplazar a los empresarios agrícolas para que en la inminente campaña del verdeo (recolección de la aceituna de mesa) no acudan a mano de obra inmigrante, con el argumento –muy dudoso, además- de que existen suficientes trabajadores “nacionales” dispuestos a trabajar en ella, es una muestra de insolidaridad y de violación de derechos humanos indigna de un sindicato que se auto-intitula “de clase”.
Se hace necesario repetir que a todos los trabajadores inmigrantes regularizados han de reconocérseles los mismos derechos que al resto de los trabajadores, sin que la actual crisis económica pueda ser excusa para no aplicarles dichos derechos.
La APDHA, extrañada de la información que se multiplicaba por distintos medios, en las primeras horas de la mañana del viernes se dirigió a UGT por medio de su Coordinadora General, María Isabel Mora. Al propio Emilio Terrón le requirió que si UGT no estaba de acuerdo con el titular debería exigir su rectificación y en todo caso hacer pública su posición con respecto a la contratación laboral de inmigrantes. Pasados tres días sin que UGT haya hecho nada por alterar una información de la que se le hacía responsable, la APDHA se siente obligada a hacer pública su posición mediante esta nota informativa.
En consecuencia, nuevamente exigimos de UGT una declaración pública rectificando oficialmente la noticia de que “UGT pide que no se contrate a inmigrantes para la aceituna”. Y de estar en desacuerdo con su contenido, dada su carga social, destituya de sus funciones al responsable o responsables de que esta afirmación no haya sido alterada al día de hoy. Sólo así podrá convencernos dicho Sindicato de que no ha perdido la brújula.
Andalucía, 24 de agosto de 2009
LA APDHA ADVIERTE DEL PELIGRO DE MUERTE PARA MUCHAS PERSONAS PRESAS ENFERMAS Y EXIGE LA EXCARCELACIÓN INMEDIATA DE LOS ENFERMOS GRAVES E INCURABLES.
La Constitución Española, la Ley General Penitenciaria y la Ley General de Sanidad garantizan la asistencia sanitaria a la población reclusa en igualdad de condiciones a la dispensada al conjunto de la población libre. Nada más lejano a la realidad.
El que pueda existir casos de Gripe A dentro de la prisión de Córdoba es algo mucho más grave que su existencia en el exterior, ya que en las prisiones existe una sobre representación de personas enfermas en comparación con la población libre: El 80% es drogodependiente, el 10% padecen VIH, el 33% Hepatitis en la población española la tasa es del 2%), y el 5% Tuberculosis, la asistencia es a todas luces absolutamente deficiente [1] . El 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad. La prevalencia dentro de prisión es de 7 veces más que en la sociedad [2].
A ello hay que añadir la deficitaria asistencia médica especializada en las prisiones andaluzas. Según dispone el Reglamento Penitenciario (Art. 209.2) se procurará que aquellas consultas cuya demanda sea más elevada se presten en el interior de los establecimientos penitenciarios, con el fin de evitar la excarcelación de los presos. Y así se reguló en el convenio de 1992 incumplido reiteradamente desde hace 17 años por parte de la Junta de Andalucía. En el mismo se disponen que los especialistas acudan de forma voluntaria a los centros penitenciarios (cosa que no ocurre en ninguna otra CCAA donde se establece la obligatoriedad sin condiciones). En el Parlamento Andaluz la Consejera de Salud dejó claro el pasado año [3] que no tiene intención alguna de incentivar a los profesionales para que se cumpla dicha obligación, ni de aumentar las plantillas, es más, no tiene interés alguno en que los especialistas entren en las prisiones.
Actualmente los únicos especialistas que entran dentro de las prisiones andaluzas son (la media de personas presas en cada prisión es de unos 1.800): CP de Almería: un psiquiatra una vez al mes; C.P. de Puerto II y III: un psiquiatra cada quince días y un especialista de medicina interna del área de enfermedades infecciosas una vez por semana; C.P. Puerto I: un especialista de medicina interna del área de enfermedades infecciosas una vez por semana; C.P. Campo de Algeciras: un psiquiatra una vez al mes; C.P. de Córdoba: un psiquiatra una vez por semana; C.P. de Granada (Albolote): Un psiquiatra cada 15 días y dos facultativos de la Unidad de Infecciosos; C.P. de Huelva: Un psiquiatra cada 15 días, 1 especialista en cirugía una vez al mes, 2 especialistas de medicina interna y dos dermatólogos; C.P. de Jaén: No entra ningún especialista de SAS; C.P. de Málaga: un psiquiatra una vez al mes; C.P. de Sevilla I: no entra ningún especialista del SAS; C.P. de Alcalá de Guadaira: no entra ningún especialista del SAS; C.P, de Morón: un psiquiatra cada 15 días; Hospital Psiquiátrico Penitenciario: no entra ningún especialista del SAS.
A la falta de asistencia médica especialista en el interior hay que añadir que el personal médico penitenciario (solamente de atención primaria) opera en clara desconexión con los especialistas del SAS, y que además existe una falta enorme de efectivos policiales para realizar las conducciones a los hospitales.
La falta de efectivos policiales da lugar a una grave vulneración del derecho de los internos a la asistencia sanitaria, máxime cuando, dado el retraso que se padece en la programación de dichas citas, la pérdida de una de ellas ?que origina una nueva petición, el señalamiento de una nueva fecha de salida, y, si ésta tampoco es atendida, vuelta a empezar- produce un efecto multiplicador del tiempo de espera, con consecuencias graves de salud para los internos enfermos de las cárceles, que provoca la degradación de su dignidad personal. La pérdida de citas en 2.006 en Sevilla I fue del 44% y en 2007 existió un media de fracaso del 34.45%, en el año 2.008 subió hasta el 38%. En los últimos años se ha llegado a alcanzar durante algunos meses casi el 60%
A todo lo anterior hay que añadir la masificación de las prisiones andaluzas, que evidentemente juega a favor del contagio. Y uno de los principales efectos de la masificación es la insuficiencia de recursos para atender a la población penitenciaria. Así, por ejemplo, en materia sanitaria, la ratio de profesionales es de 1 médico por cada 162 presos, 1 Diplomado Universitario de Enfermería (DUE) por cada 127 presos, 1 psicólogo cada 310 presos; y 1 educador cada 111 presos, lo que además contrasta con 1 funcionario de seguridad por cada 5 presos.
Andalucía está a la cabeza de personas que han perdido su vida en prisión. En España existe un promedio de 186 muertes en prisión cada año. La estadística pone de manifiesto que la enfermedad, de diversos tipos, causa el 51% de las muertes. Dadas las circunstancias expuestas, el contagio masivo de personas presas con Gripe-A puede ser dramático, por lo que desde la APDHA exigimos mayores garantías de asistencia por parte de las Administraciones (SAS, Consejería de Salud, Instituciones Penitenciarias y Dirección General de Policía), así como la excarcelación rápida de todos aquellos enfermos graves e incurables que existan en la prisión Cordobesa, o en cualquier otra donde se manifieste algún caso de Gripe-A.
Queremos recordar en estos momentos que la demora en la excarcelación ante la posible propagación de la pandemia dentro de la prisión puede suponer una pena de muerte para muchos enfermos. Y por regla general, las excarcelaciones tardan en producirse demasiado tiempo.
El Código Penal en su art. 92 establece la excarcelación para enfermos muy graves cuando venga acreditado por informe médico y existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta que este artículo no va referido únicamente a excarcelar a los internos para que mueran fuera de la cárcel, sino que pudiesen estar en libertad una temporada anterior al fallecimiento por razones de humanidad y dignidad. Tristemente la realidad nos ha demostrado que en muchísimos ocasiones los enfermos mueren a las pocas horas de concederle la excarcelación. De esta forma se consigue que los presos no consten como fallecidos en las prisiones y no entran a formar parte de las estadísticas negativas de muertes en la cárcel.
Esperemos que la Gripe-A suponga para la Junta de Andalucía la ocasión para cumplir una vez por todas sus obligaciones para con las personas presas con las que tiene una gran deuda desde hace 17 años cuando adquirió unos competencias que en la práctica no ejerce.
Andalucía, 26 de agosto de 2009
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2. Véase Informe de la APDHA: “Modelo de atención sanitaria en las prisiones ordinarias. Deficiencias de la coordinación en Andalucía y en la asunción de responsabilidades de las administraciones implicadas”. http://www.apdha.org/media/informeSanidadEsp09.pdf
3. http://www.apdha.org/media/Actadec.salud190907.pdf
